La competencia jurisdiccional para conocer sobre los litigios sobre responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria se atribuye al orden contencioso administrativo. Dicha responsabilidad se produce cuando se pueda constatar la existencia de un nexo causal entre el daño o perjuicio causado y la prestación de asistencia sanitaria. La existencia de dolo, culpa o negligencia por parte del personal sanitario, aunque de por sí genera responsabilidad civil, no constituye un requisito imprescindible, ya que se objetiva la responsabilidad de los Servicios Públicos de Salud. Para cuantificar la indemnización por daños derivados de asistencia sanitaria defectuosa, puede acudirse como referente orientativo al baremo de daños derivados de accidentes de circulación.
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