Javier Sagardoy Muniesa
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INFORMACIÓN: Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)

Es un procedimiento administrativo-laboral de carácter especial dirigido a obtener una tutela (que ya no autorización) por la Autoridad Laboral competente  para suspender, extinguir las relaciones laborales o reducir la jornada de trabajo, cuando concurran determinadas causas y garantizando así los derechos de los trabajadores (dado que puede impugnar los acuerdos la autoridad laboral, si estima la existencia de coacción, dolo o fraude en su obtención).

Este procedimiento puede iniciarlo el empresario interesado o los trabajadores a través de sus representantes legales, si se presumiera que la no incoación del mismo por el empresario pudiera ocasionarles perjuicio de imposible o difícil reparación. Si bien este procedimiento generalmente se inicia por la empresa, dando comienzo a través de comunicación escrita a los representantes legales de los trabajadores, y presentando a su vez una copia del mismo a la autoridad laboral, de la iniciación del periodo de consulta, acreditando la causa motivadora de la presentación del expediente y las medidas a adoptar en su caso. A su vez la Administración una vez recibida la comunicación de iniciación del expediente, da traslado a la entidad gestora de la prestación por desempleo para que remita el preceptivo informe, así como dar traslado de la solicitud a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para que emita informe sobre la comprobación de las causas motivadoras del expediente y cuantos otros extremos puedan resultar necesarios para resolver el mismo, incorporando dichos informes al expediente.

El periodo consultivo tiene una duración máxima de treinta días, o quince si la empresa es de menos de cincuenta trabajadores. El desarrollo del periodo de consultas se plasma en las actas, que se levantarán de todas las reuniones celebradas y que deberán firmar todos los asistentes. Y una vez finalizado el periodo de consultas se comunica a la Autoridad Laboral el resultado del mismo (con acuerdo o sin él),en caso de acuerdo, se trasladará copia íntegra del mismo; si no hay acuerdo, la empresa remitirá a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la decisión final del despido colectivo adoptada y las condiciones del mismo.

Este procedimiento se sigue en la tramitación de las siguientes reducciones de jornada, extinciones o suspensiones de contrato de trabajo: 

a) Despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

b) Suspensión o extinción de la relación laboral por fuerza mayor. 

c) Suspensión de la relación laboral fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

d) Extinción de la relación laboral por extinción de la personalidad jurídica del contratante. 

e) Reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Se entiende que existe despido colectivo (arts. 51 y 52 del ET, arts. 22 del RD 625/1985, arts. 6, 9, 11, 12 y 13 RD 43/1996), si en el periodo de 90 días se procede a despedir a más de 5 trabajadores y se cierra la empresa o se reduce la plantilla sin llegar a cerrar, si se superan los limites numericos establecidos (existen tres casos: 1º.- 10 trabajadores en empresas de menos de 100: 2º.- 10% de la plantilla en empresas entre 100 y 300 trabajadores; 3º.- 30 trabajadores en empresas de más de 300 trabajadores). Dicho despido colectivo  puede basarse en las siguientes causas: 

1º- Existe fuerza mayor (acontecimiento involuntario, imprevisible o inevitable, externo al circulo del empresario que imposibilita de forma definitiva la actividad laboral, como incendio, plagas, por decisión de poderes públicos) 

2º- Por causas económicas técnicas, organizativas o de producción.

Se computan todas las extinciones producidas en el período de referencia, si bien, no computan las extinciones por causas válidamente consignadas en contrato, despidos disciplinarios procedentes, dimisión del trabajador, resolución del contrato a instancias del trabajador, resoluciones por causas objetivas (ineptitud sobrevenida, faltas de asistencia al trabajo aun justificadas y falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas del puesto de trabajo) extinciones por muerte, invalidez o jubilación ni las extinciones por mutuo acuerdo.

Pueden suspenderse temporalmente los contratos de trabajo (arts. 41, 45, 47 y 51 ET; arts. 1.1 a), 3 y 4 del RD 625/1985 y 208 LGSS) si: 

a) Existe fuerza mayor temporal (acontecimiento involuntario, imprevisible o inevitable, externo al circulo del empresario que imposibilita la actividad laboral, como incendio, plagas, por decisión de poderes públicos)

 b) Por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

En los supuestos de suspensión debe seguirse el proceso de ERE cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa y del numero de afectados

Reducción de jornada: (art. 47.2 ET) La jornada de trabajo podrá reducirse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. A estos efectos, se entenderá por reducción de jornada la disminución temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual. Durante el período de reducción de jornada no podrán realizarse horas extraordinarias salvo fuerza mayor. En los supuestos de reducción de jornada debe seguirse el proceso de ERE cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa y del numero de afectados

* La causas justificativas de estas medidas, pueden definirse como:

  • Concurren causas economicas, cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación economica negativa, como por la existencia de perdidas actuales o previstas o la disminución presistente  de su nivel de ingresos ordinarios o ventas (art. 51.1 del ET y art. 1.2 del RD 1483/2012), entendiendo que la disminución persistente de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos, en relación con cada uno de esos trimestres del año anterior justifica las medidas a adoptar. debe señalarse que el empresario puede alegar otras circunstancias distintas de las pérdidas o la disminución de ingresos, que acrediten esa situación económica negativa, aunque no estén citadas o identificadas en el precepto.
  • Pueden justificar causas economicas, en la administración pública, [se permite a los siguientes organismos: Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades que integran la Administración Local.; Entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.; Organismos autónomos.; Universidades Públicas.; Entidades de derecho público que tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.; Entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguno de estos requisitos: a) que no tengan por actividad principal la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o b) que no se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios.; Órganos del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.; Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación] cuando exista una insuficiencia presupuestaria: concurre cuando la Administración pública en el que se integra el Departamento, órgano, ente organismo o entidad presenta, en el ejercicio anterior, una situación de déficit presupuestario o que los créditos, transferencias y aportaciones patrimoniales se reduzcan en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores. Se exige una persistencia en dicha causa, por ello la insuficiencia presupuestaria debe producirse durante tres meses consecutivos.
  • Concurren  causas técnicas se conectan con cambios “en el ámbito de los medios o instrumentos de trabajo”, las causas organizativas con cambios “en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción", y las causas productivas con cambios “en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado”.
  • Se entiende qie concurre “fuerza mayor", es un concepto definido como el hecho que imposibilitaba el trabajo debido a incendio, inundación, terremoto, plagas de campo, guerra, tumulto etc., y en general cualquier acontecimiento de carácter extraordinario que los contratantes no hayan podido prever o no se haya podido evitar. Es decir se entiende por fuerza mayor todo acontecimiento externo al empresario e independiente de la voluntad del mismo, que a la vez resulta imprevisible e inevitable en cuanto causa determinante de una obligación, por ello, la fuerza mayor ha de gozar de las notas de inevitabilidad, inimputabilidad, imposibilidad y causalidad suficiente. En los expedientes de regulación de empleo basados en fuerza mayor, no existe periodo de consulta, puesto que es la Autoridad Laboral la que constata la existencia de dicha fuerza mayor, por lo que no es susceptible de pacto alguno.

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